29 abril 2011

Informe: De qué hablamos cuando hablamos de Batalla Cultural/ El país en una pugna por la hegemonía/Mocca Edgardo

El país en una pugna por la hegemonía.

Es sabido que los cambios históricos de las sociedades no están fraguados en sesudas deliberaciones teóricas sino en la experiencia colectiva. Y sobre todo la experiencia de las crisis y la sensación de que las viejas certezas se disuelven en el aire en medio del sufrimiento y la incertidumbre de grandes masas de personas. Sin embargo, las crisis nunca determinan por sí solas el modo de salida de las crisis y el sentido en el que se las supera. Eso es un asunto de la política. Y un asunto de hegemonía

Por Edgardo Mocca*
(especial para La Tecl@ Eñe)

Ante la proximidad de las elecciones presidenciales, es completamente natural que el debate político gire en torno a qué partido o coalición vencerá en esa puja. Superpuesta con esa cuestión, hay, sin embargo, otros dilemas que la política argentina está resolviendo en estos días. Tienen que ver con la situación de nuestra democracia y con el modo de hacer política en la Argentina.
A fines de diciembre de 2001 entró en crisis mucho más que un gobierno e incluso que un plan –el de la convertibilidad del peso en dólar- que signó la brusca reconversión estructural de nuestro país en sintonía con los vientos mundiales abiertos por la revolución neoconservadora en los países centrales y elevado a la condición de paradigma rector de los asuntos mundiales desde la caída del muro de Berlín y la implosión del así llamado mundo socialista. Envuelto en el más absoluto desprestigio social y en la indignación de vastos sectores populares, se derrumbó en aquellos días finales de 2001 una visión de la política como mera administración pasiva de un sistema de reglas y valores inamovible. Todos recordamos aquellas épocas en las que la sola referencia al “riesgo país” condicionaba y finalmente clausuraba todo debate político sustantivo. Hasta la oposición al menemismo adoptó, en la década del 90, el régimen de certezas que sostenía una virtual naturalización de la necesidad de que el país se adaptara a los cambios mundiales sin disponer de ningún proyecto propio de inserción internacional ni de desarrollo interno. El lenguaje político de la época estaba colonizado por las metáforas de la economía neoliberal; la privatización, la desregulación, la apertura indiscriminada de la economía eran en ese léxico equiparables a la ley de gravedad: así de vano resultaba intentar salir de esos postulados.
Nuestra crisis de 2001 fue reinterpretada en los círculos hegemónicos del viejo régimen en descomposición como un producto de la falla de un sector definido de la sociedad, la así llamada “clase política”. El neoliberalismo no había fracasado, se decía, sino la incapacidad y la venalidad de quienes ocupaban los principales sitios del gobierno y la representación política en general. Curiosamente, la misma concepción antipolítica que había alcanzado posiciones dominantes en el discurso político durante la década del noventa se situó en el centro de la escena a la hora de explicar la crisis y explorar los caminos para salir de ella. Con mucho cuidado se despegó la crisis argentina de un proceso mundial que ya daba muestras del agotamiento de la globalización neoliberal. Nuestro derrumbe, junto con la crisis asiática, rusa y brasileña que la precedieron, fue presentada como un acontecimiento puntual que no debía ser considerado una señal de alarma más general sino como la consecuencia de muchas y muy variadas causas, todas ellas ligadas al carácter de los argentinos, su falta de voluntad de ser un país grande e importante, su exagerada autoestima o “razones” de ese género. Con el paso de los años, hoy tenemos la oportunidad de pensar nuestra debacle como un capítulo de una larga y no terminada saga crítica de un modelo de desarrollo a escala global: el que encabezado por la fracción financiera del capital consumó desde mediados de los años setenta una verdadera autorrevolución que desplazó al viejo capitalismo fordista-keynesiano e impuso la reestructuración neoliberal.
Es sabido que los cambios históricos de las sociedades no están fraguados en sesudas deliberaciones teóricas sino en la experiencia colectiva. Y sobre todo la experiencia de las crisis y la sensación de que las viejas certezas se disuelven en el aire en medio del sufrimiento y la incertidumbre de grandes masas de personas. Sin embargo, las crisis nunca determinan por sí solas el modo de salida de las crisis y el sentido en el que se las supera. Eso es un asunto de la política. Y un asunto de hegemonía.
Antes de seguir, es necesario llamar la atención sobre la disputa alrededor del término hegemonía. El pensamiento liberal-institucionalista sobre los sistemas políticos ha colocado el término en el lugar de enemigo del régimen democrático. El politólogo italiano Giovanni Sartori situó, en su clasificación de los sistemas de partido, al régimen de “partido hegemónico” como el más cercano, entre los sistemas partidarios, al de “partido único”, es decir el sistema en el que desaparece lisa y llanamente todo pluralismo político. Donde existe el “partido hegemónico”, dice Sartori, pueden existir otros partidos distintos al que ejerce el poder, pero solamente funcionan como decorado legitimador de un dominio incontestado, sustentado en el fraude, la violencia o la desigualdad estructural de los recursos entre quienes disputan el poder. El caso emblemático que ilustraba el concepto era el de México en las décadas de gobiernos del PRI. Hegemónico no era, entonces, el partido que ganaba varias elecciones seguidas –al que llamaba “dominante”- sino aquel cuya victoria podía descontarse y no estaba expuesta a una competencia mínimamente igualitaria.
La acepción liberal de la hegemonía sustrae las cuestiones sustantivas de lo político y sitúa en el centro exclusivo de su mirada la cuestión de las formas y los procedimientos. El temor a los abusos del estado, tema constitutivo de los liberalismos a lo largo de la historia, lo lleva a desconocer la otra cara del problema: el peligro muy visible en las sociedades del mundo de hoy de la amenaza que comporta la concentración del poder económico para la libre expresión de la soberanía democrática. Lo contrario de la “hegemonía”, en el discurso liberal sartoriano, es la “alternancia” entre partidos en el gobierno, virtuosa en sí misma, más allá de las consecuencias de sus políticas para la vida de la sociedad. El discurso se inscribe en un concepto minimalista de la democracia que la sitúa estrictamente en el nivel de los procedimientos, sin demasiada preocupación (curiosamente) por la situación del “demos” y por sus posibilidades efectivas de ejercicio de su potestad soberana. No es difícil ver la perfecta funcionalidad de este cosmos teórico con la doctrina del “estado mínimo” resurgida con enorme potencia a partir del pensamiento neoliberal a la Hayek.
La palabra hegemonía funciona de manera distinta en el discurso del político y pensador italiano Antonio Gramsci. Sin renunciar a su filiación leninista, Gramsci sostenía que la revolución no podía tener lugar en el mundo occidental (concepto histórico-político y no exclusivamente geográfico) en las mismas formas en que había ocurrido en la Rusia zarista. En los países occidentales no se trataba del “asalto al poder” sino de su “asedio”. La disputa central debía ser por la conducción político-cultural del bloque social de las clases subalternas. Esa conducción, que no equivalía al dominio basado sobre la coerción era lo que en ese juego de lenguaje se llamaba hegemonía.
Visto desde esa perspectiva nuestro desarrollo democrático a partir de 1983 puede ser interpretado como una disputa hegemónica, sin que eso suponga, por sí mismo, la negación de la vigencia de las reglas democráticas y constitucionales. Después de un primer período posdictatorial signado por el restablecimiento de las instituciones del estado de derecho después de la barbarie dictatorial, desde los últimos años del gobierno de Raúl Alfonsín se abre paso un proceso de conquista de la hegemonía por parte de la neoliberalismo, un extremadamente simple relato ideológico que triunfó con la bandera del fin de los grandes relatos. Los años de Menem y de la Alianza son tiempos de plena competencia política en los que ningún partido asume una posición dominante y mucho menos hegemónica, como lo demuestra el hecho de la alternancia entre los dos principales partidos. Pero es en esos años cuando se consolida una incontestada hegemonía político-cultural, la del neoliberalismo.
La crisis de 2001 marca el fin de una larga etapa histórica en la Argentina. El inicio de esa etapa puede situarse en el triunfo menemista de 1989 que desencadenó las así llamadas “reformas estructurales de mercado”, nombre que en esos tiempos encubrió la plena adaptación del país a los postulados del Consenso de Washington. Pero también puede reconocerse el final de un tramo histórico más prolongado, el que empieza con el golpe de 1976. La dictadura es la forma política brutal de una transformación regresiva comenzada con el tristemente célebre “rodrigazo”, en referencia al ex ministro de economía Celestino Rodrigo. A partir de la asunción de la junta militar y el comienzo del terrorismo estatal se consuma en nuestro país un proceso de reconversión política, social y cultural cuya influencia se proyecta hasta nuestros días. La destrucción de la Argentina industrial y el desmantelamiento sistemático de las instituciones del estado social argentino conformaron el suelo cultural que no pudo ser resuelto por la democracia reconquistada en 1983: la caída del gobierno de De la Rúa y el derrumbe de la convertibilidad constituyen el último acto de ese país que llegó a mostrar el trágico paisaje social de la desocupación y la exclusión masiva.
Hay dos líneas interpretativas principales del proceso político abierto en 2003, y particularmente la conflictiva etapa que se desarrolla a partir de 2008. Una de ellas supone que las tensiones políticas de los últimos años obedecen esencialmente al sello conflictivo que Néstor y Cristina Kirchner imprimieron a sus gestiones. Se postula, así, una construcción deliberada y artificiosa de confrontaciones sociales, económicas e institucionales, cuyo sentido íntimo es la acumulación de poder en manos del grupo gobernante. Desde otra mirada, los enfrentamientos actuales tienen la huella de la crisis orgánica por la que atravesamos en los años 2001 y 2002 y el camino por el que el país salió de esa crisis. El rumbo de la recuperación del rol regulador del Estado, la reindustrialización, la activación política de los actores sociales populares, el ejercicio de la soberanía política y la profundización de la integración regional y, no en último término, el proceso de ampliación de derechos para los sectores más vulnerables de nuestra sociedad sería la clave desde la cual se puede entender la dinámica conflictiva y tendencialmente polarizadora que ha adquirido la vida política argentina.
Estas líneas sostienen el segundo de los enfoques. Y desde ese punto de partida, colocan el modo en que se resuelvan la actual pugna hegemónica en el foco de atención a la hora de pensar el futuro. Está claro que las elecciones de octubre serán un jalón decisivo de esta contienda. Los meses previos a los comicios estarán atravesados de programas y promesas inevitablemente proyectadas hacia el futuro próximo. Pero los verdaderos proyectos en disputa no se revelarán de modo excluyente ni principal en las plataformas y en los discursos de campaña: será la posición que cada uno tome frente a las tensiones políticas reales la que permitirá discernir la propuesta política de cada uno. La oposición ha hecho de la negatividad sistemática de la acción de gobierno su soporte táctico-estratégico. De ese modo, cede el lugar central de la escena y se concentra en batallas laterales. No está explicitado como un programa pero se desprende de las conductas prácticas de los principales exponentes de la oposición que los aliados de un eventual gobierno de signo opuesto en el próximo período tendrá a los adversarios de este gobierno como sus principales aliados. La pregunta elemental que se desprende de esto es cómo hará ese hipotético gobierno para construir esas alianzas sin alienarse de los sectores sociales que hoy son el sostén político y electoral del kirchnerismo. Es decir cómo se hará para sostener las políticas salariales, jubilatorias, de empleo, promoción de pequeñas y medianas empresas, respaldo al desarrollo científico-tecnológico, desarrollo de infraestructura productiva, financiamiento educativo y democratización comunicativa, entre otros aspectos, sin lesionar intereses que reclaman la abstención del Estado en materia de distribución de recursos. Está claro que el programa implícito de quienes resisten el rumbo actual es el que sus expresiones más ortodoxas resumen en la consigna de “hacer crecer la torta” para después distribuir. O sea, volver a la política de liberalización del mercado y aprovechar las “grandes oportunidades” que giran fundamentalmente alrededor del crecimiento del valor internacional de nuestras exportaciones y la concentración de esa renta extraordinaria en el polo económicamente más poderoso de la sociedad; desde allí derramará virtuosamente para curar las heridas de los más débiles, según reza el archiconocido slogan neoliberal.
De modo que no es el signo político del próximo gobierno lo que estará en juego en octubre próximo. La elección será una instancia decisiva en la pugna hegemónica que se desarrolla en nuestro país. Estará en juego ni más ni menos que la autonomía de la política democrática frente a los condicionamientos de los poderes fácticos.

* Edgardo Mocca es Politólogo y analista político. Dirige la revista Umbrales

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