28 diciembre 2012

Especial Ley de Medios/Suramérica y Medios de Comunicación: Integración Incomunicada/Por Hugo Muleiro


Suramérica y Medios de Comunicación
Integración Incomunicada
 
Por Hugo Muleiro*
(especial para La Tecl@ Eñe)
  
   “Un proceso de integración completo en Suramérica sólo podrá ser realidad si incluye el tema de la comunicación y la circulación de información”, dijo en junio de 2011 el canciller ecuatoriano, Ricardo Patiño, parte de un gobierno que tiene en la confrontación con los medios de difusión convencionales uno de sus desafíos más difíciles.
   Una gran demanda de energía y riesgos considerables afrontó y afronta el gobierno del presidente Rafael Correa por el choque con grupos de empresarios periodísticos que en Ecuador ocupan un lugar que puede asimilarse al de sus pares de Argentina: están al frente de la oposición. Se trata de un cuadro que puede verse del derecho o del revés: 1) los partidos políticos no logran enhebrar una propuesta que entusiasme al electorado y por ello los medios tradicionales emergen en la conducción del combate al oficialismo; 2) estas empresas, aún con sus propósitos particulares y tan específicos, arrastran a sus tomas de posición a los dirigentes que les rinden pleitesía y se someten mansamente a su discurso.

   “Se habla de la libertad de expresión, no se habla de la libertad de información, del derecho a la información adecuada”, dijo Patiño en aquella ocasión, y advirtió que es un tema que la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) debería tratar formalmente, así como adopta medidas para mejorar el comercio, tender puentes y líneas eléctricas, proyectar corredores bioceánicos, desarrollar la observación electoral propia y transparentar el gasto en compra de armamentos, entre muchas otras iniciativas.
   La mayoría de los gobernantes suramericanos comparten la opinión de Patiño, según se desprende de su visión crítica de la concentración comunicacional e informativa que todos los países padecen, pero la verdad es que la Unasur no dio pasos efectivos hacia un sistema de información que esté en consonancia con los procesos de conquista y ampliación de derechos y los avances en la integración.
   Esta realidad no puede sorprender: la lucha contra el poder comunicacional concentrado está entre las más difíciles, como casi cada día se puede verificar en Argentina, con las sucesivas trabas a la vigencia completa de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual que la justicia despliega en beneficio directo del grupo Clarín.
   Ecuador es también un ejemplo en este campo: hay un doble mandato popular para que el país avance hacia una nueva Ley de Comunicación, uno establecido por la Constitución reformada con aprobación popular y otro por una consulta a la población referida puntualmente a algunos de los contenidos de la norma. Los plazos se vencieron sin que el Congreso sancionara la norma: el partido gobernante y mayoritario, Alianza País, perdió algunos legisladores durante el período que concluye y no pudo conseguir apoyos consistentes para este fin.
   Se pueden citar otros ejemplos de gobiernos regionales legitimados por el voto popular que no consiguen doblegar a los grupos empresarios que detentan la circulación de información, como las idas y vueltas del Frente Amplio uruguayo para plantear al país el debate sobre una nueva Ley de Comunicación. En el primer período de su mandato el presidente, José Mujica, dijo que “la mejor ley es la que no existe”, definición que buscó contrarrestar el jaque permanente de los medios concentrados de su país, cuyos envíos muestran incansablemente a la Ley argentina con la misma cantinela que se reproduce aquí: “amenaza a la libertad de expresión”, “avance sobre los medios independientes”.
   Pero sectores vastos del Frente Amplio no pueden ni quieren resignar la convicción que les indica que la profundización de la democracia y la participación popular requiere de una ampliación seria del acceso a la información. Así, trascendió la redacción de un anteproyecto de Ley de Comunicación, y Mujica reaccionó otra vez con palabras que eran las que los empresarios querían escuchar: dijo que si llegaba a sus manos lo echaría al cesto.
   Al cabo, el presidente uruguayo terminó aceptando la necesidad del debate, aunque se esmeró en aclarar que no se trataría de una “ley de medios como la de Argentina”. Conocido el anteproyecto a comienzos de 2012, el año concluye sin que el Frente Amplio haya logrado avanzar siquiera con la discusión.
   Luiz Lula da Silva tiene experiencia abundante como objeto de maniobras de manipulación informativa, en sus intentos para llegar a la presidencia y ya en el ejercicio del cargo. Aunque muy modestos escribas argentinos intentaron más de una vez presentarlo como un dirigente amable y conciliador, figura contrapuesta a la “crispación K”, hay una larga lista de intervenciones en las que Lula desmaleza el paisaje de la “prensa libre” y expone los daños causados a Brasil por el furibundo poder del grupo Globo.
   En el último tramo de su gestión expuso su poder político para que se realizara un congreso nacional a favor de la comunicación democrática, primer paso con vistas a un anteproyecto de Ley de Comunicación que, tres años después, aún no terminó de tomar forma concreta y no parece estar entre las prioridades de Dilma Rousseff.
   La prensa conservadora del continente nos presenta a Venezuela como territorio asaltado por un poder político que impide la existencia de “medios independientes”, pero la mentira tiene las proporciones desmesuradas de las payasadas mediáticas destinadas a poner en duda el sistema electoral del país. Lo cierto es que la mayoría abrumadora de los diarios y canales de televisión nacionales siguen en manos de empresarios opositores feroces al gobierno.
   Y no es casual que el régimen paraguayo de Federico Franco, apenas comenzó la usurpación del Estado tras el derrocamiento del presidente constitucional Fernando Lugo, lanzara ataques destructivos al incipiente sistema público de comunicación y a los medios comunitarios que tratan de escapar a la garras manchadas de sangre de los propietarios del diario ABC Color y de los canales de televisión nacionales.
   Estas pinceladas son indicativas de una distribución del poder comunicacional que se contrapone a los procesos participativos y pluralistas en curso. El problema es transnacional porque, como afirma Patiño, la integración necesita llegar a la circulación de la información para que los pueblos se plieguen a los impulsos integradores de sus gobernantes, redescubran sus raíces comunes, reconozcan el inmenso capital que los une y superen todo lo que hasta ahora fue antepuesto para separarlos.

*Periodista. Radio de Las Madres, Telesur, Ansa. Integrante de COMUNA


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