28 diciembre 2012

Especial Ley de Medios/Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual: un antes y un después/Por Carlos Raimundi


Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual: un antes y un después



Por Carlos Raimundi*
(especial para La Tecl@ Eñe)


1.      El texto y el contexto

La llamada Ley de Medios significó un antes y un después en el país. Desde su proceso de creación y su tratamiento parlamentario, hasta las propias dificultades y trabas jurídicas, representan un enorme salto de calidad en el debate público de la Argentina. Y si bien otras medidas del gobierno también han contribuido en este sentido, la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual es quizás la más emblemática porque pone como eje de la discusión política la cuestión del poder real.
La Ley dice cosas muy importantes en su texto, vinculadas a la regulación del espectro audiovisual, pero tal vez lo más profundo sea el con-texto de debate que se abrió a partir de su discusión. Esto nos ha permitido ingresar en una circunstancia única e histórica en la Argentina, que es la posibilidad de evidenciar cuestiones de la propia naturaleza de la política, tales como dónde reside el poder, quién lo detenta y cómo se ha venido ejerciendo en las últimas décadas.
Todo esto tiene que ver con ese cause de debate público de alta calidad que abrió la Ley. Yendo al texto, la norma establece límites muy precisos en términos de cuotas de mercado, porcentajes de población, etc. Al mismo tiempo, introduce una variante fundamental que es permitir el uso del espacio audiovisual a sectores sin fines de lucro. Se trata de un cambio conceptual fundamental.
De esta manera, la Ley de Medios vuelve a poner las cosas en su lugar en el siguiente sentido: el sujeto del derecho a la información es el pueblo y el espacio a través del cual se emiten las señales de la comunicación audiovisual es público -y por lo tanto del pueblo. Obviamente, cada uno de los habitantes que tenemos una cuota parte de propiedad de ese espacio público audiovisual no podemos ejercerlo de manera individual pero sí estamos representados por el Estado. En ese marco, el derecho a la información es público, la propiedad del espacio es pública y, hasta ahora, los que acumularon la explotación de esta renta fueron los grandes grupos privados que conspiran contra ese derecho público. Por lo tanto, ante este esquema, el Estado viene a ejercer un papel liberador, y no opresor. A partir de la Ley de Medios, el Estado viene a sacar al pueblo de su condición de rehén de los intereses privados que se apropiaron del espacio público.
Por otra parte, la incorporación del artículo que promueve la producción local también es un planteo democratizador por dos razones fundamentales: En primer lugar, porque federaliza y diversifica el mensaje. Hace que los habitantes de Caleta Olivia, por ejemplo, estén más cerca de saber la temperatura ambiente de Caleta Olivia y no la de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En segundo lugar, al exigir un determinado porcentaje de producción local, los medios locales remplazan la simple consola y la antena repetidora, por fuentes de trabajo concretas y genuinas que expresan, además, la realidad comunitaria.

2.      Ayer lo militar, hoy lo mediático

En la llamada globalización de la información  instantánea, las grandes cadenas vienen siendo las encargadas de construir el sentido de muchos pueblos. En un proceso que se profundiza a partir de los noventa, y si bien la sola palabra remite a la noción de vehículo o vector, a través de los cuales la realidad se trasmite, los medios han pasado a la categoría de ser constructores de la realidad, así como de la agenda de prioridades de la sociedad. Esto es algo que la política nunca debió haber resignado. En consecuencia, cumplen en toda nuestra región el papel disciplinador, que, en los setenta, jugaba el poder militar. Con el agravante de que no son sólo el ‘brazo ejecutor’ del poder económico, sino que se han convertido en el propio poder económico.
En la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA uno se puede encontrar con un panel con las principales tapas del diario Clarín de las últimas décadas. Así, uno ve títulos que expresan que la Dictadura era un nuevo gobierno; en otra tapa el diario se refería a que Estados Unidos había reconocido al nuevo gobierno; y, en el tercer ejemplar, Clarín manifestaba que el Fondo Monetario Internacional le había otorgado un crédito al nuevo gobierno. De esa manera, en ese panel, se dibuja el triángulo simbólico del poder con el cual disciplinaron, pre-formatearon, la interpretación de la realidad hacia los sectores en donde tienen mayor capacidad de incidir: los sectores medios. Estos tal vez no sean los mayoritarios en términos numéricos pero sí son los que tienen mayor capacidad para formar la agenda y los climas políticos. En definitiva, en ese panel se refleja el triángulo de poder que nos gobernó durante 30 años. Entonces, cuando decimos que quedan asignaturas pendientes, a pesar de todos los avances, tiene que ver con aquello. Esta disputa no es del pasado, ni ajena; es una disputa presente, y nuestra. Debemos seguir bregando para que nadie se sienta en un espacio neutral ni equidistante.
  1. Dos conceptos de política
En el libro de José Ignacio López, sobre la biografía de Héctor Magnetto, “El hombre de Clarín”, el autor narra que el CEO del Grupo Clarín siempre profesó una intensa vocación política. También cuenta que en su juventud Magnetto ocupaba un cargo como secretario de Rogelio Frigerio en el desarrollismo al mismo tiempo que iniciaba su carrera administrativa en Clarín; y en determinado momento se encontró frente a la encrucijada de qué camino debía elegir para poder cumplir con su vocación política -construir poder político desde la militancia o a través de los grupos de poder. Obviamente eligió el diario. Entonces, esa decisión refleja el sistema político que creemos algunos y el que consideran otros, como Magnetto. Esto llegó a su paroxismo durante la década de los noventa -incluyendo al gobierno de De la Rúa. No se recuerdan actos movilizadores de Menem o De la Rúa, los suyos eran discursos en los cenáculos del poder -en la Sociedad Rural, en los ágapes del FMI, en las reuniones de Davos. Ahí era donde los presidentes expresaban sus opiniones políticas. En ese marco no había contacto con el espacio público ni con las grandes movilizaciones sociales, porque el sistema de legitimidad estaba estructurado sobre el divorcio entre la decisión política y el pueblo. Hoy, aún con imperfecciones o contradicciones, el sistema está estructurado a través de la conjunción entre el liderazgo político y la voluntad popular.

  1. El mérito de mantenerse ocultos
Y si hay un mérito muy importante que ha tenido el poder en nuestro país fue la capacidad de mantenerse oculto, en una especie de refugio que le permitió pasar inadvertido frente a los ojos de la ciudadanía. La gran mayoría de los lectores, por ejemplo, de Clarín, desde siempre, leían el diario y creían en el principio de objetividad del periodismo. Sin embargo, jamás se les hubiera ocurrido que esa información, en lugar de informar, lo que hacía era, precisamente, formar. Construir una interpretación de la realidad acorde con los intereses económicos y políticos del holding propietario del medio. Y esto le genera un enojo muy fuerte, porque no le conviene que se discutan estas cosas. No le conviene que se explicite el hecho de que a lo largo de su historia han construido todo un entretejido para darle órdenes a la política.
De este modo, lo que hoy está en juego, como consecuencia de la implementación de la Ley, es un cambio en la ecuación entre política y poder económico, en la relación entre el Estado y el Mercado. Hoy está en juego si el Estado sale del rol de entidad disciplinada por los grandes poderes para pasar a un rol de regulador de las decisiones del mercado. Estamos frente a un cambio de paradigma: que la política salga del papel de subordinarse a los lineamientos del poder económico para pasar a ser ordenadora del poder económico.

5.      El mercado oprime, el Estado libera

La estrategia del poder, que no acepta esta pérdida de privilegios, es contraatacar con el discurso de que la sociedad corre el riesgo de que la política monopolice los medios de comunicación. Sin embargo, se trata justamente de lo opuesto. El desafío es que la política logre independizarse de la cooptación que históricamente hicieron los poderes económicos, y a la vez que los medios de comunicación se independicen de los condicionamientos que les imponen los poderes económicos. Desde esta línea de pensamiento, es la concentración a la que lleva la libertad de mercado a ultranza lo que orprime, y la regulación estatal lo que libera.
Por otra parte, si la Presidente de la Argentina hubiera querido controlar los medios, lo mejor hubiera sido no promover la Ley, y permanecer con el esquema de la dictadura, de un único interventor puesto a dedo por ella. La Ley de Medios establece cuatro organismos –la Autoridad Federal de aplicación, el Consejo Federal, la Comisión Bicameral parlamentaria de seguimiento, y el Defensor del Público- cuya composición no garantiza mayoría oficialista. 


6.      Los desaguisados judiciales

Esta capacidad de los poderes económicos de influir -de tener más poder que las mayorías- queda fuertemente en evidencia a partir del largo proceso judicial que viene sobrellevando la aplicación efectiva y en su totalidad de la Ley de Medios. Y, en particular, luego del fallo de la Cámara en lo Civil y Comercial que dio lugar al pedido del Grupo Clarín de extender una medida cautelar que lo único que asegura es el liso y llano incumplimiento de la Ley. De una ley que goza de legitimidad absoluta al haber sido discutida por la sociedad civil, aprobada por una amplia mayoría parlamentaria, sostenida por la totalidad de los rectores de las universidades nacionales y respaldada por las centrales sindicales y los organismos de derechos humanos. Sin embargo, la misma no se encuentra en plena vigencia por los intereses contra-mayoritarios de un grupo económico.
Estamos frente a un claro caso de falta de seguridad jurídica. No la que tanto mentan las empresa y el mercado, reproducida permanentemente por el coro mediático opositor, desde el momento en que los poderes del Estado no pueden actuar con independencia de aquellos intereses. Cuando Montesquieu hablaba de un poder judicial independiente, no se refería únicamente a los otros poderes públicos –el Ejecutivo y el Legislativo- sino también a la independencia respecto de las presiones de cualquier actor privado que fuera parte en un litigio.
En este sentido, si hay un camarista ligado al grupo económico que está juzgando, indudablemente debería apartarse voluntariamente de esa causa. Lo mismo debería esperarse de un camarista que viajó con su familia para participar de un seminario organizado por la empresa que es parte en esa causa. Y ya es grave que no lo hicieran. Pero aún más grave es que la propia Cámara Civil y Comercial Federal haya desestimado la recusación presentada por el Estado nacional sobre los jueces que participaron en dicho seminario y que mantienen lazos con el Grupo Clarín. Ante esta circunstancia es poco lo que se pueda agregar para darse cuenta que se está frente a una maniobra corporativa del poder económico, en este caso, llevada a cabo a través de un poder público como el judicial. Una suerte de estado dentro del estado.
Y mientras los poderes fácticos y corporativos llevan a cabo sus argucias y estratagemas, ya han pasado tres años de la no aplicación plena de la Ley. Esto implica que en la Argentina existe una justicia fáctica que tiene más poder que el texto de la ley y que la propia voluntad popular. Y uno de los resultados inmediatos de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual es poner en evidencia este tipo de circunstancias que viene sobrellevando la Argentina históricamente, pero que afortunadamente hoy queda a la vista de toda la ciudadanía.

7.      El alcance regional del poder mediático

Al mismo tiempo, es factible advertir que el poder que han adquirido en las últimas décadas los medios de comunicación no resulta un elemento exclusivo de nuestro país, sino que se repite con sus peculiaridades propias en toda América Latina. Estos grupos mediáticos monopólicos son los que encabezan la oposición a los gobiernos populares en toda la región, y llevan a cabo una permanente tarea de desgaste, escondiéndose detrás de una supuesta neutralidad.  
Un claro ejemplo, en este sentido, surge al observar cómo se montó el operativo previo a las elecciones en Venezuela, donde la mayoría de los cronistas eran enviados por las grandes corporaciones para volver a sus países con la noticias de la derrota de Hugo Chávez o de fraude, si el triunfo de la oposición política no se lograba. Y como no pudieron obtener ninguno de estos títulos terminaron, en el caso de la Argentina, convirtiendo en noticia una especie de ‘secuestro’ de un famoso periodista devenido en acérrimo opositor.
En este contexto, el fallo de la Cámara de Apelaciones a favor de Clarín, del 6 de diciembre pasado, de algún modo, recuerda al juicio sumarísimo que le hicieron las Cámaras del Congreso paraguayo al Presidente Fernando Lugo. En este caso, también en unos pocos minutos se resolvió una investigación que tendría que haber llevado mucho más tiempo y que fue silenciada tanto por la justicia como por los medios. A partir de esto, queda en evidencia que aquella circunstancia ya estaba armada y orquestada previamente para llevar a cabo un golpe institucional.
De este modo, el parlamento paraguayo, -al igual que en nuestro país la Cámara Civil y Comercial Federal y parte de la corporación judicial- son defensores del status quo que sostiene la estructura del poder oligárquico. Los medios son hoy esa expresión de la alianza de clases que históricamente utilizó a los militares. Se trata del mismo poder económico, que, ante el desprestigio y retroceso del poder militar en América Latina, se aferra ahora al poder de los grandes conglomerados mediáticos. Desmontar esa estructura es, en el contexto descripto, democratizar. Porque hoy, como lo demuestran los golpes de Honduras y Paraguay, y el intento en Ecuador, los golpes tienen un tinte –paradójicamente- “institucional”.

8.      Corolario

En definitiva, en estos veintinueve años que llevamos de continuidad de gobiernos electos, es la primera vez que una administración se atreve a combatir a fondo esta particularidad propia de las sociedades del Siglo XXI. En el caso argentino, la Presidente Cristina Fernández de Kirchner ha marcado el rumbo. La Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual es el instrumento. Pero la profundidad y calidad del debate, y la plena aplicación de la Ley, dependerán de la capacidad de movilización y militancia de las organizaciones populares, de nuestra decisión para ocupar el espacio público fortaleciendo la dimensión pedagógica de la política, para que ningún conciudadano ni conciudadana se sientan ajenos a este litigio histórico, que marcará la calidad de nuestra democracia futura.


* Diputado Nacional del Frente Nuevo Encuentro. Abogado


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